Ningún país que se llame desarrollado y democrático permitiría que sus ciudadanos fueran legalmente abordados por sinpapeles, otorgándoles una credibilidad paternalista y una imagen de cordero degollado que indisolublemente, provoca que el ciudadano esté obligado a claudicar de sus derechos en pro de una política de buenismo y de falsa solidaridad.
En ningún país desarrollado pueden prevalecer los supuestos derechos institucionales de una persona que se encuentra en situación ilegal sobre los que generan riqueza y pagan a aquellos (técnicos, administrativos, jueces) a los que acuden como víctimas de la sociedad desarrollada los que "no pagan".
Si esta situación se permite en un país, por ejemplo España, éste estará avocado al fracaso y el hundimiento de toda la estructura, no ya la que le hace avanzar, sino de las bases mismas que lo sostienen. Sanidad, justicia... no pueden permitirse el lujo de sostenerse sin pasar la factura correspondiente a todos los que hacen uso de ellas. Pero, como siempre, unos pocos, pagan lo de todos. Así nos va.



