Sevilla por la III República

En Sevilla nos la tienen jurada, desde hace tiempo, las musas de la libertad y la igualdad, porque hicieron, con su sensualidad, que los hados fueran propicios a la entrada en la escena política sevillana de un individuo que responde al nombre de Lolo Silva, republicano, castrista, concejal de deportes del Ayuntamiento de Sevilla, usuario de Armani, profe de la UPO, -no por enchufe sino por descaga eléctrica-, y costalero de la Hermandad de los Panaderos. El tal Lolo, amigo de la música como promoción de asesinos, se ha empeñado, de nuevo, en usar el dinero de todos los sevillanos para incentivar el advenimiento de un estado anticonstitucional, la panacea del dominio comunista español, la III República, porque sí, por que le da la gana, porque lo permite Monteseirín y porque él lo vale.

De la costumbre a las fechorías de este manejador de lo público, la sociedad sevillana está adormilada y hasta asiente ante los usos fraudulentos de lo que les pertenece como paganos de su ciudad, salvo las leves acusaciones de Zoido y su prole y algún medio de comunicación más interesado en la subvención terrenal que en el servicio a la verdad.

Este moharracho, con cara de universitario eterno, y desde su particular concepto de la libertad, intenta imponer con todas las letras y todos los dineros ajenos, la idea del fin del Estado Español, -lo que representa el cartel del concierto-, que se dieron los ciudadanos tras la dictadura franquista. Y lo peor de todo no es que se organice un concierto por la república en una plaza no apta para tal evento, ni que aquello sea sufragado por todos los sevillanos, cuya mayoría ha manisfestado en las urnas su disconformidad con tal ideario. Lo peor de todo es que este sujeto, amparado por unas instituciones democráticas, haciendo uso y viviendo a cuerpo de rey de las mismas, se esfuerza en destruirlas y sustituirlas por otras que se enfrentan directamente a la Constitución Española, la que él mismo está obligado a cumplir y respetar.

¿A qué espera la oposición para denunciar formalmente ante los tribunales a este ladrón de conciencias? Si se ha demostrado sobradamente su incompetencia para el cargo que ostenta, ¿por qué se siguen permitiendo su desmanes, sus acosos a la libertad, sus usos ilegales del dinero público, su impunidad en la contratación de amistades y sus trucadas subvenciones?