miércoles, 1 de noviembre de 2006

Las Instituciones Públicas han perdido toda credibilidad

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La fe, ni mucho menos es creer lo que no se ve, sino todo lo contrario, creer viendo e intuyendo que el objeto de dicha fe merece la pena y es digno de la misma. El Estado pretende ser, en la actualidad democrática que nos ocupa, el garante de los derechos de los ciudadanos, pero la realidad es bien distinta. Ya no es que los índices de confianza con respecto a las instituciones públicas haya descendido notablemente, sino que los ciudadanos ya no confían en dichas instituciones, no tienen fe, han dejado de creer precisamente porque el Estado ha dejado de dar motivos para merecerse tal confianza. El espectáculo político, económico y judicial al que asistimos un día sí y otro también no deja lugar a dudas, las instituciones sirven para servirse a sí mismas y no perder comba de su propio poder.

Si la seguridad es una de las necesidades primarias del ser humano, entonces los ciudadanos que pagamos los impuestos y el mantenimiento del Estado estamos desasistidos por esta mezcla de intereses partidistas de la casta política y por el aprovechamiento de las fuentes de riqueza que redunda en unos pocos perjudicando a la inmensa mayoría, sobre todo, la clase media, esa que hace malabarismos para llegar a fín de mes.

La educación es una de esas instituciones públicas que ha perdido toda credibilidad, quizás por los resultados académicos, por la propia idiosincrasia de los jóvenes españoles o por la intromisión desmesurada de los políticos en la labor de la comunidad educativa, disfrazando su nefasta actuación con una burocracia imposible de superar y resignada al fracaso escolar como mal menor de un sistema que busca adoctrinar borregos y no crear personas integralmente adultas, independientes y libres de pensamiento.

Si el sitema educativo no es digno de confianza, qué decir del sistema judicial y sus bosque de artimañas legales para favorecer al culpable y culpar al inocente, desde los grandes casos, los innumerables juicios contra ETA, hasta los juicios de injurias o los de custodia de menores. Casi siempre ganan los malos y, como siempre, perdemos los ciudadanos.

El sistema de la Seguridad Social no se queda atrás. Ni él ni su burocracia. El sistema de pensiones y las asignaciones económicas por cualquier minusvalía se convierte uno de los momentos más bochornosos de la democracia española, rogar y suplicar para que a un ciudadano le den una parte de lo que es suyo por haber trabajado toda su vida. El Estado tutela y decide que corresponde a cada uno, tenga razón o no.

La vivienda, las fuerzas de seguridad del Estado, ... sin comentario. Los ciudadanos están total y absolutamente desasistidos por parte de quien debe garantizar sus derechos, los mismos que los políticos y los grandes empresarios se pasan por el forro, riéndose de todo tipo de tribunal, empezando por el Supremo y acabando por el Constitucional. Los ciudadanos ya no confían en este estado de derecho y de bienestar que tanto venden cada cuatro años, aunque a fecha de hoy, las cosas estén peor que nunca. ¿Será la rosa o será de la sierpe el cascabel? Y si la voz de los ciudadanos se escucha cada cuatro años, entonces hemos de actuar en consecuencia y dejarnos de misivas ideológicas para buscar el cumplimiento absoluto de la Constitución y encontrar aquella fe perdida y tan necesaria para existir con dignidad.

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