sábado, 17 de diciembre de 2005

Vivo en la carretera

|

No sé si la obligación administrativa de residir en una localidad, u otra, puede considerarse una violación de los derechos personales y de las libertades de los ciudadanos. Es decir,que una persona no puede residir en la ciudad que considere más oportuna y más acorde con sus gustos y posibilidades.Y todo ello avalado por la Administración Pública, la cual se debe suponer, garantiza tales derechos.

El cuerpo de profesores de la enseñanza pública se enfrenta cada año a esta vergonzosa situación, y todo, porque lo suscribe la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía basádose en el Decreto 271/1983. A saber, si un profesor solicita el permiso de residencia fuera de su localidad de trabajo, la administración lo deniega automáticamente si sobrepasa los 50 km de distancia. De modo que, si un profesor ha sido destinado a una localidad relativamente cercana de su domicilio está obligado a residir en dicha localidad, so pena de no recibir ninguna retribución ya por desplazamiento, ya por accidente laboral.

La Administración se lava las manos gratuitamente cuando le dice al profesor mediante carta oficial que no tiene permiso para vivir donde quiera, porque si le pasa algo desde que se levanta para ir al tajo hasta que llega a su centro de trabajo, no se hace responsable de lo que pudiera sucederle. ¿Se imaginan que tuvieran que pagar los miles de desplazamientos diarios de todos los profesores? O Dios no lo quiera, pero ¿qué ocurriría si uno de estos profesores tuviera un accidente grave en la carretera? Pues está bien claro, ellos miran para otro y las familias afectadas se quedan en pañales, por decirlo de algún modo.

Lo que interesa realmente no es otra cosa que la pecunia. Muchos ordenadores y mucha financiación de la educación, pero los profesores como una de las partes más desfavorecidas de la enseñanza junto con los mismos alumnos, tienen que hacer frente al gasto diario que supone un desplazamiento de 80, 90 o hasta 120 km. de ida y otros de vuelta, junto al peligro que conlleva estar todo el santo día en la carretera. Se creerán estos que los profesores guardan deseos innatos de imitar a Miguel Ríos viviendo en la carretera o algo parecido.

Si una persona tiene una familia recién inaugurada y está pagando su intrínseca hipoteca, ¿cómo puede el cinismo de la Administración garantizar el derecho de residir donde a uno le venga en gana? Porque si alguien exige el cumplimiento de una norma debe de poner los medios para garantizar tal cumplimiento, a saber, donar viviendas en estas localidades a los profesores destinados por la propia Administración a tales centros, porque de dónde sacarán el dinero para pagar una segunda vivienda. Pero, entonces costaría más el collar que el perro, y tampoco pueden permitirse el gasto de desplazamiento ni las supuestas indemnizaciones.

La última posibilidad sería, en todo caso, asignar centros de trabajo en su misma localidad a los profesores, pero eso sería mucho pedir y ni la formación ni las ganas llegan a tanto. Menos mal que tenemos la suerte de vivir en un estado de bienestar que garantiza las libertades de todos los ciudadanos. O al menos se lo creen.

2 comentarios:

Birrero dijo...

Los derechos no aireados de la educación también tienen que ver con la calidad de la enseñanza, pero éstos se obvian porque no les conviene a nadie. Un saludo.

oranki dijo...

Enhorabuena, poco se habla de los profesores y su situación personal y laboral en pro de la enseñanza. Conozco de primera mano la situación de este colectivo y es de alabar cómo siguen llevando a cabo su labor de educadores cunado lo más sencillo sería convertirse en verdaderos funcionarios de la administración. Ticar, cumplir y ticar. aunque muchos lo hagna y se aprovechen como en todo trabajo, la mayor parte de la educación no se ha derrumbado aún gracias a los profesores, pero ya queda menos tiempo. Hay que poner una solución y reconocer la labor de estos profesionales. Un saludo Fede.