Hablando de los pequeños y desconocidos despropósitos que nos ocupan en estos tiempos de confusión, no puedo menos que traer a colación un caso que manifiesta la falta de acierto y puntería en la política autodestructiva del Gobierno de España.
Un amigo mío es profesor de religión en un instituto público de secundaria en la provincia de Sevilla, a saber, en Andalucía, que ya piensa en la tercera modernización cuando no ha comenzado ni la primera. Bien, pues este amigo mío, ha trabajado en el sector de la educación desde que finalizaba su adolescencia en diferentes ámbitos, -barrios, centros juveniles, escuelas-taller, centros concertados...-, y desde hace cuatro años es profesor de religión en la enseñanza pública.
Su exhaustiva formación y su experiencia no deja lugar a dudas de la capacidad que posee como educador, no ya sólo dentro del ámbito de la escuela institucional, sino como defiende el objetivo de toda ley de educación, influyendo en todos los ámbitos de la formación integral del educando.
Estoy seguro que le gustaría seguir siempre impartiendo una asignatura que cree absolutamente necesaria, no porque crea que los alumnos hayan de recibir una formación religiosa a modo de adoctrinamiento católico, sino porque considera que el fenómeno religioso tanto a nivel personal como social, supone uno de los factores que contribuyen al desarrollo del ser humano personalmente y en relación con todo lo que le rodea.
Pero sucede que su familia va en aumento y las espectativas de futuro no son nada halagüeñas, sobre todo, viendo los últimos acontecimientos relacionados con la LOE y la negativa del Ejecutivo a favorecer la educación religiosa, -que no se olviden, está en la base de nuestras raíces culturales-. Él, como muchos miles, tiene miedo de quedarse en la calle y de no poder ofrecerle a su familia lo que todas las familias se merecen, que no es más que un poco de dignidad.
Por eso, se ha planteado la posibilidad de presentarse y aprobar las oposiciones a profesor de secundaria, pero se ha encontrado que toda su experiencia, toda su formación y los años que lleva trabajando en la enseñanza pública no le han servido para nada, porque su labor docente no es reconocida como tal.
Una cosa es que la religión no conste como departamento oficial en los centros educativos y otra que no posea curriculum dentro de la enseñanza pública y que éste no se imparta. Una cosa es que la religión no reciba dotación económica y otra que no deba presentar sus programaciones, sus concreciones y adaptaciones curriculares, que, de hecho, lo hace como parte integrante del sistema educativo de cualquier centro de enseñanza. Una cosa es que la asignatura sea la despreciada en todos los centros por parte de muchos alumnos y por parte de muchos profesores, sobre todo, los que imparten la alternativa como relleno de su horario personal, y otra cosa es que los profesores de religión no trabajen como tales.
Lo cierto es que, este amigo mío, al solicitar la exención del CAP, requisito absolutamente necesario para la docencia en secundaria, se le niega rotundamente alegando que la religión no es enseñanza reglada, por lo que sus años de docencia no lo son, sino más bien, le dan a entender que lo que ha hecho durante estos años ha sido entretener a los alumnos. Ni más ni menos, a modo de actividad extraescolar.
Hablando del despropósito que mencioné más arriba, éste no es más que la obligación de realizar tal curso, que él mismo podría impartir, con las consecuencias que se siguen de perder todos los días muchas horas de su tiempo de descanso, pagar un precio desmesurado para lo que se recibe, no permitirle siquiera realizar las prácticas en su centro, aprender cuál es la psicología del adolescente, aprender el mecanismo de la LOGSE y los albores de la LOE, conocer de primera mano qué es un proyecto de centro y un departamento, qué es un libro de texto. El reciclaje nunca está de más, pero a qué precio.
Lo cierto es que con la misma ley en la mano, para todo el territorio nacional, las comunidades autónomas, o los personajes que las dirigen, sobre todo, los que no son políticos y juegan a serlo, interpretan la ley como les viene en gana y este amigo mío, por ser andaluz, tiene que perder tiempo y dinero, además de ganar en desprecio, porque los dirigentes andaluces consideran que lo que quiere decir la ley sobre la religión es que es una auténtica basura. De ahí que no otorguen al exención del CAP. Qué pena no ser madrileño o valenciano, porque en estas comunidades sí que reconocen los años de docencia, sí que la religión es enseñanza reglada, sí que la asignatura es respetada, sí que los profesores son profesores y no entretenedores de niños.
Y toda la culpa, quién la tiene, el Partido Socialista y sus acérrimos secuaces, y el despropósito de la religión y sus profesores. No tiene otro origen. Después llaman a este amigo mío facha y exagerado por cantar las verdades contra el Gobierno. Si les parece también va votar y comer de la mano de quien lo quiere dejar en la miseria cantando sus maravillas y glorificando a sus artes. Faltaría más.
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