Resulta hoy, como mínimo lastimoso, observar el estado en el que se encuentra la nación española. En estos últimos tiempos, estamos asistiendo a un ataque sutil, pero no por ello, menos exacerbado, contra los que, precisamente, sostienen con su trabajo, su esfuerzo y sus impuestos al Estado. Aquello que se ha dado en llamar "el paraíso de los sinpapeles" se erige como una de las causas elementales del deterioro y hundimiento de la sociedad y la economía españolas, porque, lejos de suponer un aporte esencial y enriquecedor, la permisividad y la donación de derechos, que sin duda sólo pueden corresponder a quién cumple con su deber, está provocando paulatinamente que, precisamente, aquellos que cumplen con sus deberes de ciudadanos se vean privados de los derechos fundamentales, que sin duda le pertenecen de facto y de iure, por la única razón de que los derechos de los sinpapeles prevalecen, en toda situación, sobre los primeros.
Ningún país que se llame desarrollado y democrático permitiría que sus ciudadanos fueran legalmente abordados por sinpapeles, otorgándoles una credibilidad paternalista y una imagen de cordero degollado que indisolublemente, provoca que el ciudadano esté obligado a claudicar de sus derechos en pro de una política de buenismo y de falsa solidaridad.
En ningún país desarrollado pueden prevalecer los supuestos derechos institucionales de una persona que se encuentra en situación ilegal sobre los que generan riqueza y pagan a aquellos (técnicos, administrativos, jueces) a los que acuden como víctimas de la sociedad desarrollada los que "no pagan".
Si esta situación se permite en un país, por ejemplo España, éste estará avocado al fracaso y el hundimiento de toda la estructura, no ya la que le hace avanzar, sino de las bases mismas que lo sostienen. Sanidad, justicia... no pueden permitirse el lujo de sostenerse sin pasar la factura correspondiente a todos los que hacen uso de ellas. Pero, como siempre, unos pocos, pagan lo de todos. Así nos va.
Ningún país que se llame desarrollado y democrático permitiría que sus ciudadanos fueran legalmente abordados por sinpapeles, otorgándoles una credibilidad paternalista y una imagen de cordero degollado que indisolublemente, provoca que el ciudadano esté obligado a claudicar de sus derechos en pro de una política de buenismo y de falsa solidaridad.
En ningún país desarrollado pueden prevalecer los supuestos derechos institucionales de una persona que se encuentra en situación ilegal sobre los que generan riqueza y pagan a aquellos (técnicos, administrativos, jueces) a los que acuden como víctimas de la sociedad desarrollada los que "no pagan".
Si esta situación se permite en un país, por ejemplo España, éste estará avocado al fracaso y el hundimiento de toda la estructura, no ya la que le hace avanzar, sino de las bases mismas que lo sostienen. Sanidad, justicia... no pueden permitirse el lujo de sostenerse sin pasar la factura correspondiente a todos los que hacen uso de ellas. Pero, como siempre, unos pocos, pagan lo de todos. Así nos va.
